Los recursos humanos y la e-administración

Hoy en día todos nosotros estamos rodeados, familiarizados y convivimos con smartphones, ipads, tabletas, netbooks, portátiles?, es decir, multitud de dispositivos que evolucionan rápidamente a lo largo de este siglo XXI. Algunas preguntas que podemos plantearnos son: ¿qué está sucediendo en las diferentes Administraciones Públicas?, ¿evolucionan al mismo ritmo que la sociedad?, y lo que considero más importante y sobre lo que versará el presente artículo, ¿la alta dirección de la Administración está comprometida con los nuevos retos tecnológicos?

Muy a menudo les transmito a los alumnos la idea de que el objetivo de la empresa es la creación de valor, vinculado a la maximización de la riqueza conjunta de todos los que poseen un derecho sobre los activos y flujos de caja generados por la explotación de la empresa. Pero, ¿cuál es el objetivo de las Administraciones Públicas? Son múltiples, sin embargo, como fin prioritario nos encontramos con todas aquellas medidas encaminadas a crear valor público, especialmente para la ciudadanía, y un medio para lograrlo es mediante la implantación de la e-Administración.

La creación de valor por parte de las Administraciones Públicas y la creación de valor empresarial, entendido como la capacidad que tienen las empresas para generar riqueza o utilidad por medio de su actividad económica, por analogía, es coincidente con el objetivo de las Administraciones Públicas, que deben generar riqueza o utilidad para los ciudadanos mediante el desempeño de las funciones que tienen encomendadas.

Como origen de esta nueva figura, la e-Administración, destacaría la Ley 14/2000, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE 30-12-2000), que en el artículo 55 modifica la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (actualmente derogada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones) crea, en su disposición adicional sexta, la entidad pública empresarial «Red.es» que, entre sus funciones, tiene el mandato de: «fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información» y «observatorio del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad los recursos humanos y la e-administración de la información». Por lo tanto, éste podría ser considerado el punto de inflexión de una Administración basada en el papel a una Administración electrónica, que debe ser más cercana, ágil, transparente, moderna, más productiva y enfocada a la creación de valor para los ciudadanos.

Posteriormente, se aprueba el Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo (actualmente derogado por el R.D. 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos), donde aparece reflejado de forma específica que su objeto es «impulsar y coordinar el desarrollo de la Administración electrónica en la Administración General del Estado y adoptar medidas para su ordenada implantación».

Según la Comisión Europea, la e-Administración es «el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las Administraciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas».

Atendiendo a la normativa citada anteriormente, y en especial a la definición de e-Administración dada por la Comisión Europea, es donde las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y los Recursos Humanos deben jugar un papel transcendental para lograr unos servicios públicos más eficaces y eficientes. Los recursos humanos son, preeminentemente, los encargados de llevar a cabo esta transformación, implantando nuevas estructuras organizativas y funcionales que se puedan adaptar a las nuevas demandas de la sociedad.Desde este enfoque, parece evidente que este nuevo planteamiento debe llevarse a cabo, inicialmente, desde el establecimiento de nuevos cambios organizativos, recayendo la competencia sobre los directivos públicos, más que desde un punto de vista tecnológico, que juega un papel secundario, puesto que la organización y en especial sus dirigentes, son los que deben y tiene que adaptarse y acomodar la estructura a las tecnologías con las que convivimos.

Desde este análisis, los recursos humanos deben instaurar los nuevos modelos organizativos, jugando un papel, cada vez más importante, todos los empleados públicos al servicio de las diferentes Administraciones Públicas. Es por esta razón, que dichos cambios organizativos deben ir vinculados a nuevas competencias, conocimientos, habilidades y especialización, sin olvidar las aptitudes conceptuales y técnicas que tiene que obtener, en especial, el personal directivo profesional y que, como principal cometido, según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, (BOE de 31 de octubre de 2015) tienen que desarrollar funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas.

En correspondencia con el último párrafo, es donde quiero enlazar la importancia que tiene una dirección profesional en la Administración con la formación que se imparte en las universidades. Desde mi visión como profesor asociado de la Universidad de Salamanca y como empleado público en la Administración General del Estado, las titulaciones de grado impartidas en la Facultad de Economía y Empresa y, en especial, la doble titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho transmiten los conocimientos y habilidades requeridas para desempeñar puestos de directivos públicos dentro de las diferentes Administraciones Públicas.

En este sentido, cabría destacar:
1. El trabajo en equipo: Es fundamental y necesario en toda organización moderna, vinculado a la interconexión entre las diferentes administraciones, ministerios, departamentos…

2. La formación: Apropiada para el desempeño de sus funciones a lo largo de su carrera profesional, entendida como el conjunto de capacidades y habilidades que se materializan en un perfecto conocimiento de la profesión.

3. La orientación al ciudadano: Teniendo como objetivo la calidad en el servicio a los mismos siendo el punto clave para la creación de valor público.

4. La cultura organizativa: Los directivos públicos son determinantes en relación con esta variable ya que deben ser los encargados de transmitir los valores públicos y los objetivos de la organización.

5. Inteligencia emocional y social: Siendo especialmente interesante el desarrollo de aquellas habilidades que nos hacen comprender a los demás.

6. El liderazgo: Capacidad para motivar, delegar, gestionar equipos de trabajo con la finalidad crear valor para los ciudadanos.

7. El Multitasking: Los empleados públicos pueden y deben realizar varias tareas y no exclusivamente las de su especialización.

8. Resolución de conflictos: Tomar decisiones con el objetivo de evitar y solucionar posibles incidentes durante el desarrollo de su actividad laboral.

Todas estas habilidades y otras muchas más son necesarias y aplicables a las diferentes empresas y a cualquier Administración Pública que quiera adaptarse a los nuevos retos que nos encontramos en la actualidad. Es por ello por lo que desde las titulaciones impartidas en la Facultad de Economía y Empresa se profundiza y aún se debe ahondar más en las diferentes competencias de carácter general, específicas y transversales necesarias para poder desempeñar puestos de alta dirección dentro de las diferentes Administraciones, con la finalidad de que nuestros graduados puedan implementar una administración digital, más innovadora y con un mayor talento.

La nueva sociedad, creada alrededor de las nuevas tecnologías, nos está demandando empleados públicos que cumplan con los perfiles antes mencionados con la propósito de que las Administraciones Públicas se puedan adaptar con una mayor facilidad al contexto socioeconómico actual, siendo necesario el paso progresivo de estructuras burocratizadas a estructuras de carácter más orgánico, con la única intención de alcanzar, lo antes posible, una sincronización con la nueva sociedad que vive de y para la denominada «sociedad de la información y del conocimiento».

Previamente preguntaba si la alta dirección de la Administración está comprometida con los nuevos retos tecnológicos del presente siglo. La respuesta, desde mi apreciación, es que no lo está del todo, por la falta de profesionales que quieran adherirse a este proyecto. Entiendo que las retribuciones y los diferentes incentivos son menores a los que se puedan adquirir en el ámbito privado pero el reto no deja de ser ilusionante para todos aquellos que hoy en día están capacitados y aún no tienen claro como incorporarse al mundo laboral una vez finalizados sus estudios. Me sorprende, cuando imparto prácticas, en mi puesto de trabajo, como funcionario público, a alumnos que se encuentran el último curso del Grado de Derecho, del doble Grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho y del Grado en Ciencia Política y Función Pública, el desconocimiento que tienen sobre la Administración Pública, no dándose cuenta de la fuente de oportunidades que presenta para todos ellos. Quizá, desde el ámbito educativo no hemos sabido transmitirles las virtudes que presenta el buen funcionamiento de una Administración y la importancia que tiene para lograr la satisfacción de todos los ciudadanos, ya que bien de forma directa o indirecta todos, a diario, nos estamos relacionando con la misma.

Por lo tanto, animo a todos aquellos que están vinculados a la docencia para que no se olviden de que las Administraciones Públicas son una fuente muy importante de creación de riqueza para toda la sociedad y que sigan profundizando en todas y cada una de las habilidades que he mencionado, ya que cada vez son más necesarias y deben estar interiorizadas por los futuros directivos públicos. Del mismo modo, aliento a los nuevos graduados de la Facultad de Economía y Empresa y, con especial mención, a los graduados en la doble titulación en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho para que sean ellos los encargados de llevar a cabo estos nuevos cambios organizacionales que nos está implorando la sociedad y hago hincapié en este Grado porque los alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas conocen y alcanzan muchas de las habilidades y competencias necesarias para llevar los diferentes cambios organizativos tan necesarios y los Graduados en Derecho son conocedores de la legislación que, en cierto modo, puede limitar la implementación de estos nuevos retos. Por ello, la unión de estos dos Grados es esencial para alcanzar los nuevos objetivos que nos demanda la e-administración y la sociedad y, lo que resulta más evidente, lograr los objetivos revertirá en la creación de valor para todos los ciudadanos.

Entiendo que el esfuerzo es mucho, pero estoy seguro de que alcanzar el objetivo, a largo plazo, nos recompensará a todos, como decía Vicent Thomas Lombardi: «Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo».

Gabriel es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Graduado Social Diplomado. Es profesor Asociado en la Facultad de Economía y Empresa y desempeña el puesto de jefe de la Oficina Delegada del Registro Central de Personal de la Administración Periférica del Estado en Salamanca.